LAS DOS CARAS DEL PROCESO DE PAZ – De la ilusión al caos

Aunque, en criterio del autor, buscar la paz mediante el diálogo con el objeto de poner fin a más de cincuenta años de violencia, era una necesidad sentida del pueblo colombiano y las conversaciones se iniciaron bajo buenos auspicios en el orden interno y por parte de la comunidad internacional, se cometieron muchos errores durante el proceso; el Estado contrajo sin necesidad demasiados compromisos —que no ha podido cumplir en su totalidad—, a la vez que no exigió de la guerrilla los deberes, obligaciones y garantías que ha debido exigir. Por ejemplo, en cuanto a la reparación a las víctimas y respecto a la verdad sobre los secuestros y la libertad de los menores reclutados. Pero, desde el punto de vista institucional, lo más grave ha consistido en la profusa, desordenada y precipitada aprobación de normas constitucionales y legales, sin debate en el Congreso y sin efectivo control, las cuales han terminado por desvertebrar el sistema jurídico fundado en 1991. Se confundió la paz —valor constitucional de primer orden— con el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016, y se llevó al país a una peligrosa polarización que no termina.

Descripción

Aunque, en criterio del autor, buscar la paz mediante el diálogo con el objeto de poner fin a más de cincuenta años de violencia, era una necesidad sentida del pueblo colombiano y las conversaciones se iniciaron bajo buenos auspicios en el orden interno y por parte de la comunidad internacional, se cometieron muchos errores durante el proceso; el Estado contrajo sin necesidad demasiados compromisos —que no ha podido cumplir en su totalidad—, a la vez que no exigió de la guerrilla los deberes, obligaciones y garantías que ha debido exigir. Por ejemplo, en cuanto a la reparación a las víctimas y respecto a la verdad sobre los secuestros y la libertad de los menores reclutados. Pero, desde el punto de vista institucional, lo más grave ha consistido en la profusa, desordenada y precipitada aprobación de normas constitucionales y legales, sin debate en el Congreso y sin efectivo control, las cuales han terminado por desvertebrar el sistema jurídico fundado en 1991. Se confundió la paz —valor constitucional de primer orden— con el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016, y se llevó al país a una peligrosa polarización que no termina.

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